sábado, 15 de marzo de 2014

Campesinos presos por masacre en Paraguay cumplen un mes en huelga de hambre


Cinco de los campesinos acusados de una matanza en 2012 durante una ocupación de tierras, que dejó 17 fallecidos y provocó el cese del entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, cumplieron hoy un mes en huelga de hambre tras casi dos años de prisión preventiva sin que se hayan esclarecido los hechos

Familiares, amigos y activistas defensores de los derechos humanos, acudieron este sábado al hacinado penal de Tacumbú, en Asunción, para celebrar un festival musical y reclamar su puesta en libertad.

Los huelguistas, que apenas se mueven de sus camas y muestran un aspecto físico debilitado, recibieron a sus familiares en la pequeña sala de Enfermería donde están instalados.

Hermanas, padres, hijos e hijas compartieron una emotiva visita con los presos, acompañados de artistas paraguayos como Ricardo Flecha, Rolando Chaparro y el Grupo Sembrador, que ofrecieron una "Serenata por la libertad" en el patio del presidio.

"Nos acusaron de invasores pero sin embargo nosotros y todos saben que esas tierras son del Estado, ellos son los invasores, nos acusan de cometer un crimen que no cometimos", dijo Rubén Villalba, uno de los presos, desde su cama. Villalba asegura haber perdido unos 11 kilogramos en el mes de huelga.





 Los cinco labriegos están prisión preventiva desde hace un año y 9 meses, y su juicio está marcado para el próximo junio. Otros seis campesinos están en arresto domiciliario.
Los once labriegos son los únicos acusados por la Fiscalía de Paraguay por la muerte de 11 de sus compañeros y familiares, y 6 policías durante el desalojo de una protesta en una zona rural de la ciudad de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.


Una semana después de la masacre, el Parlamento paraguayo cesó al exobispo Lugo tras un controvertido juicio político y nombró como Presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta entonces aliado de Gobierno.

Arnaldo Quintana de 20 y Nestor Castro de 31, ambos heridos de bala por la Policía durante el enfrentamiento, Felipe Martínez de 58 años, Adalberto Castro Benítez de 25 años, y Villalba, de 47, iniciaron su huelga de hambre para pedir su excarcelación y la inclusión de las tierras en disputa en la reforma agraria.

Los terrenos de Marina Cué, el nombre de la hacienda de Curuguaty donde ocurrió la matanza, y llamado así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usadas por un destacamento de la Marina, son disputadas por el Estado y la empresa Campos Morombí en un litigio que dura ya casi una década.

La firma pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un importante cargo del Partido Colorado, la formación del actual presidente del país, Horacio Cartes.



"Nosotros entramos a las tierras porque sabíamos que eran del Estado y nunca esperamos que se realizara un desalojo de esa forma. Siempre habían sido pacíficos, esperábamos que la Policía viniera a dialogar, yo estaba con mi hija de 3 meses", recordó Villalba.

Los labriegos reclaman que durante la investigación de la matanza desaparecieron pruebas como casquillos de balas de armas automáticas, que demostraban, según ellos, que no fueron sus escopetas las que dispararon contra el batallón de 300 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía.

La Fiscalía les acusa de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.


"Somos inocentes. Estamos perdiendo muchos kilos, tenemos dolor de cabeza, mareos... pero no hay alternativa", declaró Castro, que durante el tiroteo recibió un disparo que le destrozó la mandíbula.

"Las instituciones del Estado, principalmente la Justicia, están al servicio de los ricos, por eso históricamente la única vía para la recuperación de las tierras robadas durante la dictadura es la ocupación. Son nuestras y seguimos con la intención de recuperarlas", manifestó Villalba.

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